Aterpea

El proceso de trasposición de la Directiva de Servicios europea a la legislación española en materia de comercio ha vuelto a revelar las diferencias entre empresas grandes, medianas y pequeñas. Modificar la legislación de comercio, tanto a nivel nacional como autonómico, es un asunto lo suficientemente importante como para que todos queramos influir en su última redacción, sobre todo los que defendemos el comercio urbano y la ciudad donde está instalado, porque nos jugamos el modelo de vida ciudadana que deseamos.

Lo que más sorprende en esta polémica es la similitud de planteamientos entre la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) y que los planteamientos de ambos sean los mismos que hace quince años, como si la realidad económica y social no hubiera cambiado, basándose en el mismo error una y otra vez: confundir liberalización con libertad. Mantienen la CNC y Anged que es el momento de instaurar una total libertad para la apertura de grandes empresas de comercio minorista. Y lo defienden afirmando que no perjudica al comercio pequeño, que es beneficioso para la creación de empleo y que incrementa la competencia reduciendo los precios al consumidor.

Analizando los tres argumentos nos encontramos con que ni son ciertos ni son claros. La apertura indiscriminada de grandes superficies comerciales perjudica al comercio urbano, pero sobre todo perjudica a las ciudades cuando se instalan, como casi siempre hacen, en la periferia de éstas, en los nudos de las autopistas e incluso en zonas claramente rurales. No hay que ir muy lejos para ver los efectos que este tipo de aperturas sin control ha producido en ciudades francesas como Toulouse, por ejemplo, donde primero desapareció el comercio de la ciudad, luego los ciudadanos se fueron a vivir a urbanizaciones cerradas en el extrarradio y, finalmente, el centro urbano se degradó. Después han tenido que actuar las administraciones con ingentes cantidades de dinero público para recuperar la vida ciudadana que había desaparecido.

Respecto a la creación de empleo, asunto sensible por excelencia en estos momentos de crisis, hay que tener en cuenta que, siendo urgente crear puestos de trabajo, es muy importante que éstos sean de calidad, bien remunerados, con horarios lógicos que permitan conciliar la vida personal y familiar con la laboral y además estables. No podemos pensar a corto plazo únicamente. Las grandes superficies crean puestos de trabajo precario y destruyen, a medio y largo plazo, trabajo de calidad en el comercio urbano y en los proveedores. Pero de los tres argumentos el que menos se sostiene es el de la competencia, precisamente el que debería preocupar a la Comisión Nacional encargada de su defensa. Hagamos el siguiente ejercicio: ¿Entre cuántas marcas puede elegir hoy un consumidor a la hora de comprar una botella de aceite de oliva en diversos comercios minoristas? Entre 15, o tal vez 20. Sin embargo, en este momento el 78% del aceite de oliva refinado y el 50% del aceite de oliva virgen, que se vende en España está en manos de las marcas de los distribuidores, es decir, de las marcas blancas. ¿Es eso libre competencia? Parece que no. Es más lógico pensar que habrá más competencia cuantos más comercios de todo tipo existan y vendan; es más racional sostener que compiten más y mejor varios miles de establecimiento distribuidos por todas las calles de nuestras ciudades, que las 16 grandes empresas que forman parte de Anged, todas ellas grandes superficies comerciales.

Cuando la distribución comercial se concentra en pocas manos se reduce la competencia, se igualan los precios, se presiona a los fabricantes para que produzcan de una determinada forma, se eliminan las marcas -con lo que ello supone de perdida de puestos de trabajo e innovación en los fabricantes- y se condiciona al consumidor a comprar lo que ellos, esos pocos, quieren vender. Y, todo ello, sin mencionar el impacto que la ausencia de límites a la apertura de grandes superficies produce en las ciudades, en el medio ambiente o el patrimonio histórico. ¿Habrá que pensar que para unos y otros somos simples consumidores y no ciudadanos? ¿Será que sólo les preocupa nuestro dinero y no nuestra forma de vivir? Egoísta y erróneo planteamiento, que solo contempla a las personas como un dato de su cuenta de resultados.

Las organizaciones que representamos y defendemos el comercio de ciudad tenemos muy claro que estas empresas viven en la ciudad y viven de la ciudad. Por eso queremos y defendemos ciudades compactas y sostenibles. Ciudades donde las viviendas, los servicios públicos, el comercio y el sector servicios crezcan al mismo tiempo; donde el transporte público nos lleve rápido y de forma sostenible; donde las calles sean para pasear; donde no existan barrios aislados, ni haya que recurrir al coche para comprar un kilo de azúcar; donde se tengan en cuenta las necesidades de las personas que tienen problemas para desplazarse; donde los niños tengan espacios para jugar, y donde, en definitiva, convivir sea efectivamente vivir con los demás y en las que nuestros clientes, no sean meros consumidores, sino seres humanos a los que conocemos, con los que hablamos, a los que atendemos, a los que ofrecemos calidad, servicio, atención y proximidad. Por estas razones defendemos con pasión nuestras ciudades, porque en ello está cómo queremos vivir y como queremos comprar.

Los argumentos de las grandes empresas de distribución y de la Comisión Nacional de la Competencia son un error que puede acabar convirtiéndonos en clientes-zombi.